El Superior Tribunal falló a favor del Juzgado de Faltas de Juana Koslay
La Corte fijó la remuneración del titular del organismo municipal y dispuso el reintegro a sus funciones de dos empleados.
El Superior Tribunal de Justicia hizo lugar a una medida cautelar en el marco de un conflicto de poderes que había planteado el juez de Faltas de Juana Koslay, Mauricio Mauro.
En la sentencia, estableció que el magistrado cobre un sueldo equivalente a la canasta básica fijada al valor del pasado 16 de enero donde ascendía a $495.798,32 y le ordenó a la Municipalidad de esa ciudad que en el plazo de cinco días hábiles reincorpore a Lucía Perelló y Brayan Ramos a sus puestos de trabajo en el organismo.
En caso de que la intendencia no cumpla con lo dictaminado, se le podrían aplicar sanciones “conminatorias” de $10 mil por cada día de retraso.
“Sucede que la provisión cautelar no está motivada únicamente en tornar viable y efectiva la ejecución de la sentencia que eventualmente se dicte a favor del actor, sino también en evitar que el proceso se convierta en una coyuntura provocadora o facilitadora de daños pues se intenta evitar que el tiempo insumido propicie perjuicios actuales o inminentes a quienes acuden a la jurisdicción en defensa de sus derechos”, entendió la Corte en el pronunciamiento firmado por el presidente Eduardo Allende y los ministros Carolina Monte Riso, Jorge Levingston, Guillermo L’huillier y Cecilia Chada.
El máximo tribunal consideró que “la verosimilitud del derecho se desprende de los antecedentes de la causa, de la argumentación expuesta en la postulación cautelar y demás constancias documentales adjuntas que darían cuenta que los hechos denunciados ‘prima facie’ afectarían facultades que son propias del juez de Faltas y comprometería el normal funcionamiento del juzgado”.
“Entendemos que el peligro en la demora también se encuentra configurado puesto que de no atenderse la petición y mantenerse la situación fáctica existente hasta el dictado de una decisión final se agravaría más aún la situación institucional denunciada”, señaló el Superior Tribunal.
Ante la Justicia, Mauro había denunciado el año pasado que el Municipio con su accionar había "vulnerado y menoscabado institucionalmente al juzgado de Faltas, imposibilitando el libre ejercicio de sus funciones y violando el régimen municipal, la Ordenanza N° 118-G-HCDJK-2015 (que establece la creación del organismo) y demás legislación vigente”.
El magistrado también dijo que existía un “desconocimiento” de la autoridad y autonomía porque se aplicaron disminuciones del presupuesto anual para el funcionamiento, del personal, del poder jurisdiccional del tribunal y el monto de sus haberes.
Incluso, sostuvo que el Ejecutivo municipal “no tendría facultades para modificar la situación laboral de sus empleados” basándose en el artículo 2 de la ordenanza de creación del organismo la cual plantea que es atribución del juez “decidir sobre las designaciones, remociones y de ascensos de los trabajadores”.
Además, concluyó que hubo un incumplimiento de la comuna en el compromiso de aplicar el Tratado de La Toma “respecto a que ningún agente municipal podría cobrar a partir del mes de septiembre de 2023 un piso menor a $300 mil siendo que su haber se mantuvo en la suma de $160.560,21”.
Otra de las medidas que estableció el Superior Tribunal en la sentencia es que el Municipio restituya una moto, marca Motomel, que había sido retenida y cumplía funciones en las tareas de notificación del juzgado.